PRI presenta recursos ante FEPADE e INE contra el Partido del Trabajo

 

El Partido Revolucionario Institucional presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) una denuncia de hechos y en el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja contra el Partido del Trabajo, por la probable comisión de delitos electorales, y por la violación al uso y destino de los recursos que ingresan a los partidos políticos, respectivamente.

 

 

Por medio del Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, senador José María Tapia Franco y de la representante de este instituto político ante el INE, Claudia Pastor Badilla, primero interpuso la denuncia ante la FEPADE y posteriormente entregó la queja en la Oficialía de Partes del INE.

 

 

En entrevista al término de estas acciones, Tapia Franco indicó que la denuncia es contra el Partido del Trabajo, su dirigente nacional y la esposa de éste, a quienes en medios de comunicación se ha señalado de desviar recursos del erario.

 

 

Añadió que la información que se ha difundido menciona desvíos por 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León al Partido del Trabajo, para la supuesta construcción y operación de CENDIS, pero que en realidad habrían sido ocupados con fines electorales.

 

 

El Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI destacó que en la denuncia se pide a la FEPADE que inicie una carpeta de investigación y determine las responsabilidades penales a que haya lugar.

 

 

“Está claro que lo que estamos buscando es la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo que el dinero público no ingrese a las campañas”, precisó.

 

 

Por su parte, Claudia Pastor Badilla resaltó que la denuncia presentada por el PRI ante la FEPADE contra el Partido del Trabajo se vinculó con una queja ante el INE.

 

“La comisión de delitos graves, sobre todo en relación con las cuentas y aclaraciones de ingresos de recursos a los partidos políticos, pueden constituir hasta la pérdida del registro.

 

“El PRI se suma al reclamo ciudadano de investigar los hechos que puedan constituir delitos electorales o violaciones al uso de los recursos que utilizan los partidos políticos, para que se sancione a los responsables en caso de que así quede acreditado por la Fiscalía, o bien, se deslinden las responsabilidades en caso contrario.

 

 

 

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